En la novela de Crimen y Castigo, el protagonista tiene la convicción de que la sociedad se halla divida en dos tipos de seres humanos; aquellos superiores que tienen derecho a cometer crímenes y aquellos inferiores que deben estar sometidos a las leyes, pero el protagonista que se cree de los superiores, empieza a tener remordimiento por el crimen cometido y finalmente se entrega a la justicia para ser juzgado.
En España, y más concretamente en Morón, nuestros políticos se creen también superiores y no muestran ninguna señal de arrepentimiento por sus desmanes y tropelías, al contrario, utilizan todas las argucias que le permiten el sistema jurídico vigente para evitar el castigo merecido como quedo patente tras el retraso del juicio de los aparcamientos por una operación y recuperación que curiosamente coincide en fechas con el juicio y más recientemente con el dictamen del fiscal en el caso de las obras de la finca de Zafra, donde deduce que el alcalde colaboro o promovió el delito, pero que el delito no se puede perseguir porque ha prescrito.
Tenemos un alcalde, que no muestra remordimiento ante la avalancha de críticas, tanto por su nula actividad política, como por su nefasta gestión económica, como por su incapacidad para gestionar los problemas sociales derivados por la crisis y que sus asuntos personales y profesionales se están mezclando con los políticos, dando una imagen paupérrima ante toda España de nuestros representantes políticos, nuestro pueblo y finalmente de los habitantes de Morón, que con sus votos dieron mayoría absoluta a este nefasto personaje.
Si resulto extraño la manera de vender a la opinión pública de Morón, la cesión de suelo para la construcción del hospital donde el pueblo de Morón “gano” un terreno gratis a cambio de una recalificación de terrenos, que algunos calificaron como “pelotazo urbanístico” para unos pocos, no menos extraño y difícil de asimilar resulta la formalización de la adquisición en el pasado pleno de unos terrenos industriales de 737 metros cuadrados, por un importe de algo más de 200.000 euros, lo que determina un importe de 270 euros por metro cuadrado de suelo industrial, cuando el ministerio de la vivienda en su página web dictamina que el precio medio de suelo urbano, para ciudades menores de 50.000 habitantes en el primer trimestre del 2010 es de 192 euros, resultando que el ayuntamiento ha pagado un 50% más, por la compra de un terreno industrial que lo que le hubiera costado un terreno urbanizable según la estimación del ministerio de la vivienda.
Nuestro alcalde es incombustible y resiste todos los embates, porque ni dimite, ni se jubila, ni es cesado, la única solución reside en echarlo, pero al ser un cargo electo, solamente puede ser a través de una condena o mediante una moción de censura. Tanto los miembros de su partido político (PP) y concejales, como el resto de los partidos (PSOE e IU), deben saber que el pueblo valorara a los partidos y políticos que hayan puesto empeño, porque aunque la moción no pueda realizarse por no tener suficiente apoyos o porque fracase la moción, sabremos que o quienes han estado a favor o en contra y nuestros votos recompensaran o castigaran de una manera específica.
PERULERO
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